Denuncian a Bolsonaro
Ninguna guía cambia la verdad: Bolsonaro, es el mayor enemigo de la prensa y la libertad de expresión
Este viernes 6 de marzo, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y su gobierno serán denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) por violar sistemáticamente la libertad de expresión y atacar periodistas.
Curiosamente, tres días antes, publicó una guía sobre los derechos humanos de periodistas y comunicadores.
¿Coincidencia?
Claro que no. El gobierno de Bolsonaro trata de limpiar su imagen. Pero no lo conseguirá. Su práctica es el criterio de la verdad.
Por Renata Mielli*
En la víspera de ser denunciado por casos de censura, ataques a periodistas y medios de comunicación en una audiencia regular de la CIDH de la OEA, el gobierno de Bolsonaro publicó una guía sobre los derechos humanos de periodistas y comunicadores.
Sería irónico, si no fuera trágico.
De hecho, es más que trágico. Es irrespetuoso con la sociedad, particularmente con los periodistas.
La guía, publicada por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, cuya titular es Damares Alves, cumple con la recomendación de la propia CIDH de abril de 2016.
Es el resultado del proceso que tuvo lugar durante el asesinato del periodista Aristeu Guida da Silva, en 1995.
Es decir, fue en abril de 2016 que el Estado brasileño debería haber publicado la guía, pero no lo hizo.
¿Porque ahora?
Ahora, porque el gobierno necesita proporcionar una respuesta, aunque vacía y falsa, para reducir el daño que a sufrido su imagen por los ataques sistemáticos contra periodistas y medios de comunicación.
Ahora, porque el informe publicado recientemente por la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) reveló la magnitud de la violencia contra los comunicadores practicada por el Presidente de la República.
Solo en 2019, Fenaj compiló 121 ataques de Bolsonaro contra periodistas.
Ahora, porque Brasil será denunciado ante la CIDH por violaciones a la libertad de expresión, que se han convertido en política estatal desde la asunción de Jair Bolsonaro.
La guía, tal como la publicó el propio Ministerio, fue preparado por el Asesor Especial del Ministerio sobre Asuntos Internacionales.
No es de extrañar. Como es una audiencia regular de la CIDH, el organismo estatal notificado es el responsable del asunto denunciado.
Damares y su equipo fueron notificados en los últimos días de enero o los primeros de febrero que la audiencia tendría lugar.
¿Y para qué?
El propósito de la guía es publicar algo que «limpie al gobierno» ante la CIDH-OEA frente a la audiencia.
Además, para orientar a los medios hegemónicos para que reduzcan la información sobre violencia contra periodistas y mostrar que el gobierno está preocupado por la libertad de prensa, como, por cierto, informó el Jornal Nacional (Red Globo) el martes 3 de marzo.
JN mordió el anzuelo. El alivio con el que Willian Bonner abrió el reporte parecía que, en nombre de Globo, quería decir: Gracias, Presidente, por ayudarnos a dar noticias positivas sobre su gobierno.
Es decir, mientras el presidente:
* manda un imitador suyo a repartir bananas a periodistas y ataca a la prensa;
* muestra su machismo al elegir a dedo mujeres que trabajan en esta profesión, como Patrícia Campos Mello y Vera Magalhães, para que sean blanco del odio y la indignación pública, lo que incluso genera amenazas de muerte;
* maneja los recursos de publicidad del gobierno para pagar a los medios «bolsonaristas» y para quitar recursos a los medios más críticos.
Esto no esta bien. Y rechazamos las «excusas».
La guía publicada por el ministerio de Damares copia pasajes de convenciones y declaraciones del sistema internacional de Derechos Humanos sobre libertad de expresión y de periodistas y comunicadores, enumerando recomendaciones y estándares de conducta para que los estados democráticos desarrollen un ambiente de pluralidad, diversidad y protección de la prensa libre.
Sin embargo, ninguna línea de lo que está en esta guía es considerada por el presidente y sus partidarios. Su contenido es letra muerta.
Además, los datos que incluyen sobre violencia contra periodistas y comunicadores en Brasil están desactualizados. La encuesta más reciente es de 2019, realizada por Fenaj, sin embargo los datos de la guía son de 2014.
No se hace referencia al aumento de casos de censura y ataques contra periodistas y medios de comunicación promovidos por el actual Presidente de la República, quien firma la guía.
Tampoco habla de los innumerables casos de demandas presentadas por el presidente, sus hijos y ministros para tratar de silenciar a periodistas y periódicos.
Mucho menos aborda la falta total de compromiso del gobierno de Bolsonaro con la información objetivamente veraz, con el respeto a la prensa libre y con la transparencia de las acciones de gobierno para garantizar el pleno derecho de la sociedad a la información.
La guía del gobierno de Bolsonaro es una cortina de humo.
Pero como ya ha dicho un pensador odiado por el bolsonarismo, la práctica es el criterio de la verdad.
No es suficiente publicar en una guía. Es necesario «hacer discursos públicos que contribuyan a prevenir la violencia contra periodistas y otros comunicadores».
La práctica del presidente y el gobierno es radicalmente opuesta: inflamar la violencia.
Con leer una sola línea de la guía alcanza para ver la brecha entre lo que está escrito y lo que lamentablemente estamos viviendo en Brasil.
Estoy escribiendo este artículo en la sala de embarque, camino a Puerto Príncipe en Haití, donde denunciaré con orgullo y mucha responsabilidad a Bolsonaro y su gobierno por restablecer un estado censor, por violar las disposiciones de la Constitución que garantizan el derecho a la libertad de expresión, por atacar cobardemente a periodistas, en particular a mujeres periodistas; por hacer que Brasil experimente la asfixia de la expresión cultural y artística, con censura de espectáculos teatrales, exposiciones, películas e incluso publicidades de empresas públicas.
Junto con otros colegas que presentaron la solicitud de esta audiencia a la CIDH-OEA, unámonos, como entidades que representamos y digamos que Brasil ya no es una democracia, porque sin libertad de expresión no hay democracia posible.
Y no hay una guía para cambiar este terrible escenario que está viviendo Brasil.
Esta situación solo puede cambiar con la lucha, la denuncia, la resistencia y el coraje de continuar comunicando y replicando lo que es importante para el interés público.
Entidades firmantes del pedido de audiencia ante la CIDH-OEA
- ARTIGO 19 – Brasil
- Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
- Associação Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço)
- Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé
- Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL)
- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee)
- Central Única dos Trabalhadores (CUT)
- Coalizão Direitos na Rede
- Derechos Digitales
- Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações (Fitratelp)
- Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)
- Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
- Instituto Vladimir Herzog
- Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
- Repórteres Sem Fronteira
- Movimento Artigo Quinto
- Terra de Direitos
*Renata Mielli es periodista, coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, Secretaria General del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barão de Itararé y miembro de la Comisión de Comunicación del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Centro de Estudos Barão de Itararé (traducción Nodal Cultura)
Nenhuma ‘cartilha’ muda a verdade: Bolsonaro, maior inimigo da imprensa e da liberdade de expressão
Nesta sexta-feira, 6 de março, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido) e seu governo serão denunciados na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH-OEA) por violar sistematicamente a liberdade de expressão e atacar jornalistas.
Curiosamente, três dias antes, publica cartilha sobre direitos humanos de jornalistas e comunicadores.
Coincidência?!
Claro que não. O governo Bolsonaro tenta limpar sua barra. Mas não vai colar. A prática é o critério da verdade.
Por Renata Mielli*
Às vésperas de ser denunciado por casos de censura, ataques a jornalistas e a veículos de comunicação em audiência ordinária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, o governo Bolsonaro publica cartilha sobre os direitos humanos de jornalistas e comunicadores.
Seria irônico, se não fosse trágico.
Na verdade, é mais que trágico. É desrespeito à sociedade, particularmente aos jornalistas.
A cartilha, publicada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem como titular Damares Alves, cumpre recomendação da própria CIDH, de abril de 2016.
Ela é resultado do processo que correu por ocasião do assassinato do jornalista Aristeu Guida da Silva, em 1995.
Ou seja, desde abril de 2016 o Estado brasileiro deveria ter publicado a cartilha, mas não o fez.
Por que agora?
Agora, porque o governo precisa dar alguma resposta, ainda que vazia e mentirosa, que reduza os danos da sua imagem pelos ataques sistemáticos a jornalistas e veículos de comunicação.
Agora, porque o relatório divulgado recentemente pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) revelou o tamanho da violência contra comunicadores praticados pelo presidente da República.
Só em 2019, a Fenaj compilou 121 agressões de Bolsonaro contra jornalistas.
Agora, porque o Brasil será denunciado diante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, nesta sexta-feira, 6 de março, pelas violações à liberdade de expressão que se tornaram política de Estado desde a posse de Jair Bolsonaro.
A cartilha, como o próprio Ministério divulgou em release, foi elaborada pela Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério.
Não é de se estranhar. Por se tratar de audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o órgão do Estado brasileiro notificado é exatamente o responsável pelo tema.
Damares e sua equipe, provavelmente, foram notificados no último dia de janeiro, ou no início de fevereiro, de que a audiência ocorreria.
E com que objetivo?
O objetivo da cartilha é publicar algo que “limpe a barra” do governo perante a CIDH-OEA na audiência.
Além disso, pautar a mídia hegemônica para reduzir os dados da violência contra jornalistas e mostrar que o governo está preocupado com a liberdade de imprensa – como, aliás, noticiou o Jornal Nacional dessa terça-feira, 3 de março.
O JN comeu a isca. O alívio com que Willian Bonner abriu a matéria parecia até que, em nome da Globo, quisesse dizer: obrigado presidente, por nos ajudar a dar uma notícia positiva sobre o seu governo.
Ou seja, enquanto o presidente:
* manda bananas aos jornalistas e ataca a imprensa;
*mostra seu machismo ao escolher a dedo mulheres que atuam na profissão – como Patrícia Campos Mello e Vera Magalhães – para serem alvo do ódio e de achincalhe público, que levam até a ameaças de morte;
*maneja recursos publicitários do governo para abonar a mídia bolsonarista amiga e estancar recursos de veículos mais críticos, um ministério publica uma cartilha, parecendo estar tudo bem.
Não está nada bem. E rejeitamos as “desculpas”.
A cartilha publicada pelo ministério da Damares compila várias passagens de convenções e declarações do sistema internacional de direitos humanos sobre liberdade de expressão, defesa dos direitos humanos de jornalistas e comunicadores e lista recomendações e padrões de conduta para que estados democráticos desenvolvam um ambiente de pluralidade, diversidade e proteção da imprensa livre
Só que nenhuma linha do que está na tal cartilha é considerada, de fato, pelo presidente e seus apoiadores. O conteúdo dela é letra morta.
Além disso, os dados sobre violência contra jornalistas e comunicadores no Brasil estão desatualizados. O levantamento mais recente é de 2019, da Fenaj, e dados da cartilha são de 2014.
Não há qualquer referência à explosão dos casos de censura e de ataques contra jornalistas e veículos de comunicação promovidos pelo atual presidente da República – que assina em letras garrafais o expediente da cartilha.
Tampouco fala dos inúmeros casos de processos judiciais movidos pelo presidente, seus filhos e ministros para tentar calar jornalistas e jornais.
Muito menos aborda a total ausência de compromisso do governo Bolsonaro com a informação factualmente correta, com o respeito à imprensa livre, com a transparência das ações do governo para garantir o pleno direito à informação da sociedade.
A cartilha do governo Bolsonaro é uma cortina de fumaça.
Mas como já disse um pensador odiado pelo bolsonarismo, a prática é o critério da verdade.
Não basta publicar numa cartilha. É preciso «realizar discursos públicos que contribuam para prevenir a violência contra jornalistas e outros comunicadores e comunicadoras”.
A prática do presidente e do governo é radicalmente oposta: insuflar a violência.
Basta ler uma linha da cartilha para se perceber o abismo entre o que está escrito e o que infelizmente estamos vivendo no Brasil.
Escrevo este artigo já na sala de embarque, a caminho de Porto Príncipe no Haiti, onde irei com muito orgulho e responsabilidade denunciar Bolsonaro e seu governo por reinstalar um Estado censor, por violar os dispositivos da Constituição Federal que garantem o direito à liberdade de expressão, por atacar de forma covarde jornalistas, em particular colegas mulheres jornalistas, por fazer o Brasil viver o sufocamento da expressão cultural e artística, com a censura a espetáculos teatrais, exposições, filmes, e até comerciais de empresas públicas.
Ao lado de outros colegas que submeteram o pedido desta audiência à CIDH-OEA (1), vamos juntos, enquanto entidades que representamos, dizer que o Brasil não é mais uma democracia, porque sem liberdade de expressão não há democracia possível.
E não tem cartilha que mude este terrível cenário que o Brasil vive.
É só a luta, a denúncia, a resistência, e a coragem de continuar divulgando e noticiando o que for relevante para o interesse público que pode alterar essa situação.
Entidades autoras do pedido de audiência à CIDH-OEA
- ARTIGO 19 – Brasil
- Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
- Associação Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço)
- Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé
- Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL)
- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee)
- Central Única dos Trabalhadores (CUT)
- Coalizão Direitos na Rede
- Derechos Digitales
- Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações (Fitratelp)
- Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)
- Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
- Instituto Vladimir Herzog
- Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
- Repórteres Sem Fronteira
- Movimento Artigo Quinto
- Terra de Direitos
*Renata Mielli é jornalista, coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Secretária-Geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e membro da Comissão de Comunicação do Conselho Nacional de Direitos Humanos.